En su artículo, Levy y López-Calva (2023), aseguran que entre 1990 y 2018, la estrategia de desarrollo del país buscaba dos grandes objetivos: recuperar la estabilidad macroeconómica y aumentar el crecimiento con inclusión social. Esta estrategia, además de generar estabilidad macroeconómica, tuvo grandes logros. En primer lugar, los autores destacan que “el país se volvió resistente a los choques externos negativos (como el de 2008 – 2009) y mejoró su presencia en el mundo”.  Los autores argumentan que México exporta más manufacturas que el resto de América Latina, y los mexicanos tenemos acceso a una gran cantidad de productos internacionales a precios competitivos, lo cual es innegable. La apertura económica derivada de la estrategia de desarrollo impulsada entre 1990 y 2018 ha puesto a México dentro de los 20 exportadores más grandes del mundo, y el 1º en América Latina, según cifras del World Factbook de la CIA (s.f.).

Otro logro derivado de la estrategia es la disminución de la dependencia de las finanzas públicas en el petróleo. Necesario para mantener una situación fiscal y evitar las consecuencias negativas derivadas de tan grande dependencia. Por último, establecen que la escolaridad del trabajador promedio aumentó en 44% durante ese periodo. Este último logro es, a nuestro parecer, uno de significante importancia. Aumentar el nivel de escolaridad de los mexicanos debe ser uno de los principales objetivos del gobierno, dado que hay una clara relación entre el grado de escolaridad y el nivel de ingresos de una persona. Aumentar la educación de un mexicano le da las herramientas para ser más productivo en el futuro, lo cual le genera mayores oportunidades laborales y, por lo tanto, un mayor nivel de ingresos futuro. Estos logros, entonces, parecerían conducir a un mayor crecimiento económico y una mejor calidad de vida en México. Sin embargo, esto no sucedió.

De acuerdo con el análisis de los censos económicos de México entre 1998 y 2018, existen cuatro hallazgos que sustentan la conclusión de que la caída de la productividad fue la principal razón detrás del pobre desempeño en términos de crecimiento del PIB per cápita y del salario promedio real. El primer hallazgo destaca que las empresas formales son más productivas que las informales. El segundo hallazgo resalta el crecimiento del número de empresas informales y el ensanchamiento de la brecha de productividad entre estas y las formales, lo que agrava el problema. En el tercero se observa que las empresas informales capturaron casi una cuarta parte del mercado, una proporción que se mantuvo constante y refleja la persistencia de la informalidad en la economía. El cuarto, y más alarmante hallazgo, es la constatación de que, a pesar de la creación de más de 6.9 millones de empresas y la desaparición de 5.4 millones durante este periodo, este dinamismo no se tradujo en un aumento de la productividad (Cfr. Levy y López Calva, 2023).

Este fenómeno, descrito como “creación destructiva” en lugar de “destrucción creativa” que, según Schumpeter, caracteriza a las economías saludables, indica que el capital y el trabajo no generaron más valor agregado en 2018 que en 1998, sino que se invirtió y crearon empleos en empresas improductivas, lo que subraya una dinámica empresarial disfuncional.

La estrategia de desarrollo de México entre 1998 y 2018 no logró expandir la cobertura de la seguridad social, así como tampoco logró construir un Estado de bienestar incluyente y eficaz. En lo previo juegan un papel importante dos situaciones. La primera es la poca permanencia de la mayoría de los trabajadores en el empleo formal, puesto que los altos niveles de rotación laboral desafiaron los intentos de consolidar un sistema de seguridad social efectivo al generar una fragmentación, donde los trabajadores experimentaron inconsistencias en el acceso a beneficios como subsidios de maternidad, pensiones y servicios de salud. La segunda situación fue la creación de un sistema dual de aseguramiento para trabajadores formales e informales. La aplicación de esta arquitectura resultó infructuosa dado que, dependiendo del estatus laboral de la persona, variaba considerablemente su acceso a la protección social, exacerbando la exclusión social y limitando la eficacia del sistema de bienestar, dificultando así la reducción de la pobreza y la desigualdad (Cfr. Levy y López Calva, 2023).

Estos factores, al fallar en proporcionar una red de seguridad efectiva para todos, desincentivaron la formalidad, especialmente entre los trabajadores de bajos salarios, socavando con ello los esfuerzos para establecer un Estado del bienestar incluyente y eficaz en México.

El sistema dual de aseguramiento para los trabajadores en México desincentiva la formalidad y favorece la informalidad, especialmente en los asalariados de bajos sueldos, principalmente por la estructura de este sistema, ya que impone una carga fiscal significativa sobre los empleadores y empleados formales, con contribuciones que rondan entre el 25% y el 35% del salario para servicios como el IMSS, el Infonavit y las afores, esta carga se convierte en un “impuesto a la contratación formal” costoso para los empleados formales.

Por otro lado, en la informalidad, los trabajadores que pertenecen a este sector aún pueden acceder a estos servicios de forma gratuita, convirtiendo a la informalidad en una opción más atractiva. El acceso a estos beneficios, sin las correspondientes cargas contributivas, de facto, subsidia al empleo informal, haciendo que la opción de permanecer o transitar hacia la informalidad sea financieramente más viable para los trabajadores de bajos salarios. Lo previo provoca la perpetuación de la informalidad, al mismo tiempo que reduce los incentivos para la formalización laboral.

A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno con programas sociales, en el mercado laboral surgen algunas deficiencias causadas por la segmentación formal – informal. Con ello, se obstaculiza la reducción de la pobreza y la corrección de la desigualdad en nuestro país. La primera deficiencia que podemos encontrar está relacionada con la desincentivación de la participación ciudadana en el sector formal, ya que la persistencia en la informalidad estanca la productividad al limitar la efectividad de las políticas de inclusión social y, al mismo tiempo, genera dinámicas empresariales disfuncionales, frenando el crecimiento económico del país. Siguiendo en la misma línea, el aseguramiento (sistema dual) para formales e informales, de igual modo, propicia el crecimiento del círculo vicioso de informalidad.  Cabe recalcar que esta deficiencia no provoca únicamente seguridad social ineficiente, también dificulta la acumulación de derechos a pensiones y jubilaciones, al haber una falta de cobertura continua, los trabajadores no reúnen el tiempo requerido para ser parte de estos beneficios.

La acumulación de carencias en el mercado laboral provoca una estructura incapaz de romper con la trampa de la pobreza. No lograr un avance en las condiciones de vida de los trabajadores, impide avances en la educación y en otros ámbitos que se traduzcan en mejoras significativas en los ingresos, perpetuando la pobreza y la desigualdad, pese a la existencia de programas sociales destinados a mitigarlas.

Existen diversas causas que generan una alta desigualdad del ingreso de un país, entre las cuales podemos destacar tres fundamentales: un débil Estado de derecho, una insuficiente competencia y altos niveles de corrupción. De acuerdo con las instituciones son un sistema de factores sociales que, en conjunto, generan una regularidad en el comportamiento, por ende, los elementos anteriores son instituciones. Incluso, siendo más específicos, son considerados instituciones económicas y políticas extractivas, dado que, cómo indica su nombre, extraen recursos de la población en beneficio de una minoría. Estos factores interactúan para crear un ambiente en el que las barreras de entrada y los duopolios o monopolios del mercado se convierten en la norma, limitando la competencia, y si sumamos que la insuficiencia en la aplicación de la ley y la prevalencia de la corrupción agravan los problemas, limitamos también la innovación y el crecimiento económico. Puesto que el entorno descrito favorece únicamente a aquellos con conexiones (políticas o económicas), la riqueza se acumula en unos cuantos a expensas del bienestar colectivo. Lo anterior evita un desarrollo económico inclusivo, que se traduce en una repetición de los ciclos de pobreza, perpetuando la desigualdad del país. 

Pese a la alternancia de poder de tres partidos políticos de 1990 a la fecha, la estrategia actual será incapaz de generar crecimiento con inclusión social, ya que ideas erróneas e intereses minoritarios siguen obstruyendo las posibilidades de un mejor futuro para la mayoría de los mexicanos. Esto debido a que, igual que en la estrategia anterior, se han debilitado las instituciones para promover la competencia, la transparencia y la rendición de cuentas.

A pesar de lo previo, podemos rescatar dos lecciones fundamentales que nos ayudarán a saber qué sigue y/o qué podemos hacer para mejorar las perspectivas futuras de los mexicanos. La primera lección enfatiza en la imposibilidad de lograr un crecimiento con inclusión social en presencia de instituciones fundamentales del Estado que son excluyentes; en otras palabras, la premisa resalta la importancia del correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, sí estas benefician desproporcionadamente a grupos minoritarios o no promueven igualdad de oportunidades, significa que no están cumpliendo su verdadera función, impidiendo con ello el crecimiento que, a su vez, se podría convertir en un amplio desarrollo socio-económico. La segunda lección se enfoca en el deseo de crecimiento con inclusión social, para el cual resulta necesario e indispensable reformar las políticas públicas que han mantenido el statu quo institucional; lo anterior sugiere cambios profundos en las políticas, esenciales para lograr un crecimiento inclusivo.  Ambas lecciones hacen hincapié en la revaluación y modificación de las políticas e instituciones vigentes que han prolongado la desigualdad y el crecimiento económico insuficiente.

Las políticas públicas pasadas y las actuales, sin duda, nos han dejado lecciones que se deben tomar en consideración, como se mencionan anteriormente. De la misma manera, esas mismas nos dejan dos tareas fundamentales para superar los obstáculos a los que se enfrenta México. La primera es alinear los intereses de las mayorías con la formalidad y legalidad; y la segunda es cambiar de raíz las ideas sobre las causas y las consecuencias de la informalidad. Si las políticas públicas futuras logran resolver estas dos tareas, se podría hablar de una mejora en la productividad y crecimiento económico de México.

Es urgente que las políticas públicas cumplan con estos requerimientos, puesto que si no lo hacen, no se verán avances en la materia, así como ha sucedido con la estrategia actual y las pasadas. Es necesario un sistema modernizado que beneficie a los trabajadores y a las empresas, con un Estado de bienestar que permita su libre desarrollo. Con el pasar de los años se han implementado numerosos programas y estrategias, algunas con éxitos en ciertas áreas y algunas otras sin éxito alguno. El común denominador en las políticas es que no se logran converger los intereses de los trabajadores, puesto que las herramientas públicas no satisfacen sus necesidades de manera óptima. Respecto a la segunda tarea, existe la concepción errónea de las causas de la informalidad, así como sus consecuencias. El Estado mexicano no comprende que mucha de la informalidad se debe a las deficiencias sistemáticas, impulsando un sistema inservible y las consecuencias de este tienen alcances preocupantes que afectan otros rubros económicos y sociales.

Ante un contexto en el cual la productividad va disminuyendo, los ingresos de los empleados formales son menores y existe un número grande de empresas poco productivas, se buscan medidas eficaces y rápidas. Sin embargo, el mejor lugar para comenzar es con una reforma tributaria, laboral y social. Esta sirve como medio para eliminar la segmentación de la seguridad social y ampliar y mejorar sus beneficios. De la misma manera, se busca reducir los obstáculos a los que se enfrentan las empresas, tanto para crecer como para generar empleos productivos y bien remunerados. Como se hace mención en el párrafo anterior, se resume en un Estado de bienestar moderno, incluyente y eficaz.

La regulación actual que rige el sistema empresarial y económico mexicano ha heredado grandes problemas que no permiten una protección eficaz a los trabajadores y a las empresas. Uno de sus mayores errores y consecuencias es, como se ha mencionado, un retroceso en la productividad, que afecta a millones de personas que ya están en el mercado laboral y también a las personas que están comenzando a adherirse a este mercado. Si bien existen estrategias que buscan mejorar la situación actual, estas no han sido suficientes. La disminución en este rubro es prueba de ello. De igual manera, no se ha podido cumplir con los trabajadores: la seguridad social es deficiente y cara, por lo que la mayoría prefiere trabajar de manera informal, pues existen programas que los protegen y les brindan múltiples apoyos mediante transferencias monetarias. En los párrafos siguientes, se esclarecerá cada una de estas cuatro razones principales.

Es fundamental abordar la prolongada tensión en México entre una economía de mercado eficiente que genere empleos productivos y bien remunerados, y un Estado que mitigue las desigualdades sociales arraigadas, las cuales tienden a empeorar debido a las propias dinámicas del mercado. Aunque un Estado de bienestar incluyente y efectivo no es la única solución para esta tensión, sí representa el primer y más crucial paso hacia su resolución. El funcionamiento entre los mercados y la intervención estatal debe de ser equilibrado, pues solo así se garantiza la equidad en el ámbito social y económico, en el que se promueve un crecimiento inclusivo.

En cuanto a la segunda razón, está centrada en que si los intereses de la mayoría permanecen divididos entre los que favorecen la formalidad y legalidad y aquellos que no, será difícil cambiar el sistema actual. La falta de consenso y unidad en torno a los beneficios e importancia de la formalidad y legalidad complica cualquier intento de reforma. La división de intereses sociales no permite que suceda un cambio efectivo en las estructuras institucionales del Estado mexicano; existe una necesidad latente de superar dichas divisiones en aras de avanzar hacia un sistema más justo y eficiente.

Por otro lado, una tercera razón radica en la posibilidad de diseñar un Estado de bienestar inclusivo de manera adecuada, lo que podría abordar algunas de las causas fundamentales del problema que enfrenta México en esta esfera, como el funcionamiento empresarial y el estancamiento en la productividad. La instauración de un sistema de seguridad social universal reduciría la relevancia de los conceptos de formalidad e informalidad, al igual que la eliminación de una estructura tributaria y de subsidios ineficientes que impactan negativamente en el desarrollo empresarial.

Finalmente, la cuarta razón se relaciona con la necesidad de un Estado de bienestar inclusivo, donde los impuestos estén ajustados a las capacidades de cada familia, garantizando así su interés y participación en los servicios proporcionados por las instituciones, como la seguridad social. En este contexto, cada individuo debería contribuir de manera justa por servicios de calidad y equitativos. Los beneficios resultantes deben ser tangibles para ser defendidos y fortalecidos, especialmente en áreas como la salud, educación, apoyo laboral y la lucha contra la pobreza en la vejez.

Como se ha mencionado en repetidas ocasiones, la construcción de un Estado de bienestar en México es necesaria y debe cumplir con ciertas características. Para lograr su construcción se necesita el aumento de impuestos; estos deben, en primer lugar, implicar la reducción del cobro de impuestos sobre el trabajo asalariado e incrementarlo en otros sectores. Además, este aumento no debe dirigirse a gravar más la formalidad para financiar programas sociales que beneficien a la informalidad, ya que esto tendría un efecto distinto al deseado. Es por esto que se debe buscar financiar políticas públicas que fortalezcan un arreglo institucional sólido y estable.

La estrategia que debe consolidarse obligatoriamente tendrá que ser pragmática y enfocada en el impulso de políticas de desarrollo productivo. Existen referencias exitosas que se pueden tomar en consideración, como Estados Unidos, Chile, Colombia y Corea, entre algunos otros países miembros de la OCDE. Ante una sociedad globalizada, se pueden aprovechar ciertas ventajas, como las oportunidades derivadas de los procesos geopolíticos en los que México se ve inmiscuido, como la reubicación de cadenas de suministros de empresas fuera de China. No se debe creer que la llegada de nuevas empresas sustituye la necesidad de erradicar la informalidad laboral. De la misma manera, se deben superar las polarizaciones políticas en México, reconociendo errores y fallas de las políticas de los diferentes gobiernos, pues sin duda alguna enriquecen la construcción de estrategias más innovadoras. Este incremento en los impuestos debe estar centrado en la mejora salarial, del empleo, el bienestar y la protección de los trabajadores y las empresas.